TEGUCIGALPA, Honduras (AP) — La empresa que mantiene las cámaras de seguridad en las calles de uno de los países más peligrosos del mundo las apagó desde hace semanas porque el gobierno no les ha cancelado los millones de dólares que le debe. La compañía ahora amenaza con suspender la frecuencia de los radios portátiles que usan los policías para comunicarse.
El ejército no recibe su salario de manera regular desde septiembre y sólo el viernes pasado les pagaron parte del sueldo de diciembre. Los maestros protestan casi a diario porque desde hace seis meses el gobierno no ha podido pagarles mientras que los médicos se quejan porque desde octubre no hay suficiente insulina para los diabéticos, anticoagulantes para evitar los infartos o insumos básicos gasas, y guantes.
Las protestas hay que hacerlas con cuidado porque las calles se encuentran salpicadas de alcantarillas abiertas. Las tapas fueron hurtadas por ladrones nocturnos en completa impunidad.
Honduras, un país al borde de la quiebra desde hace meses, enfrenta una crisis fiscal y financiera mientras que los diputados del país se han demorado en aprobar el presupuesto general. El país también tiene una enorme deuda externa, 5.000 millones dólares, adquirida en los últimos cinco años que equivale al presupuesto general de la Nación.
A ello se suma una deuda interna de 2.900 millones de dólares. En 2007, otra deuda de 3.500 millones de dólares fue condonada por la banca multilateral.
La crisis financiera se suma a la sensación general de que Honduras es un estado fallido con una de las tasas de homicidios más alta del mundo, tomado por el narcotráfico que ha invadido sus ciudades y costas y sin justicia constitucional desde hace mes y medio.
La parálisis del gobierno se extiende a funciones tan esenciales como identificar a sus ciudadanos. Las oficinas de registro llevan diez días cerradas porque no han pagado los salarios a los funcionarios ni tienen tinta para estampar las huellas dactilares.
La Secretaría de Educación dice que el 96% de las escuelas cerraron varios días al año porque los maestros estaban en huelga.
“Solo tenemos 180 medicamentos en stock (de los 350 que recomienda la Organización Mundial de la Salud tener)”, dijo a la AP Maritza Ramírez, jefe del almacén de medicamentos de la Secretaría de Salud. “A todos los proveedores le estamos debiendo la licitación anterior. Corremos el riesgo de quedarnos sin nada”.
En muchas ocasiones, ante la falta de medicinas e insumos en los hospitales, médicos, enfermeras y personal piden a familiares de los pacientes que consigan la droga o entre ellos hacen colectas para comprar lo que necesiten.
“Definitivamente hay pacientes que no se curan de sus enfermedades por este problema”, dijo a The Associated Press la pediatra Lilian Discua, que trabaja en el hospital Escuela de Tegucigalpa. “Por ejemplo, un epiléptico que no toma su medicamento va a caer en crisis. Sucede”.
Expertos consultados dicen que la crisis ha sido alimentada por una mezcla de corrupción estatal, el hecho de que 2013 es un año electoral y una economía que ya estaba en dificultades.
“En muchos sentidos, el estado ha dejado de funcionar”, dijo Robert Naiman, director de política del Just Foreign Policy, una organización con sede en Washington que busca reformar la política exterior estadounidense. “Si siguen sin pagar a sus soldados, los soldados probablemente van a dejar de ser soldados, y tal vez pueden tomar otra acción”.
El capítulo hondureño de Transparencia Internacional reveló en diciembre que durante 2010 y 2011 los legisladores habían gastado diez millones de dólares del erario público en gastos pero que sólo justificaron, recibos en mano, el 14% de ellos.
“En el Congreso nacional no existe ningún tipo de transparencia para el gasto”, dijo Ludín Ayala, responsable de la investigación. “Además de ser el más caro de toda Centroamérica. Costa Rica, con el doble del presupuesto estatal, le dedica menos de la mitad a sufragar los gastos de su Congreso”.
El ex candidato presidencial y el ex legislador Olban Balladares acusa al gobierno de usar buena parte del dinero público en campañas políticas de cara a las elecciones de noviembre que elegirán al presidente, alcaldes y 128 diputados.
“Lamentablemente tenemos una gran cantidad de candidatos que son funcionarios del estado y su tendencia es hacer abuso de los recursos del estado que manejan para sufragar sus campañas”, dijo.
En septiembre la AP reportó como un diputado, a través de una asociación y amparado bajo una figura legal, ha gastado unos 127.000 dólares en regalar ataúdes a los pobres.
Hugo Noé Pino, economista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales para Honduras, ve un futuro complicado.
“En este año político se pueden estar utilizando los recursos del estado para campañas políticas” mientras se siguen emitiendo bonos de deuda pública, dijo Pino a la AP. “Si no se ha discutido el presupuesto, ¿por qué se ha aprobado el financiamiento (a través de los bonos) para un presupuesto que aún no existe?”.
El presidente Porfirio Lobo y el Presidente del Congreso, Juan Orlando Hernández, no contestaron a solicitudes de entrevista por parte de la AP. En sus apariciones públicas, ni Lobo ni Hernández se han referido a las acusaciones de corrupción, pero Hernández culpa al expresidente Manuel Zelaya (2006-2009) y sus partidarios de la situación fiscal: “nos tienen hoy con una enorme deuda… dejándonos un país inseguro, endeudado y aislado del mundo”.
Para sorpresa de muchos, la crisis económica –y no la inseguridad– es la principal preocupación de la gran mayoría de los hondureños, de acuerdo con una encuesta que entrevistó a 1,540 hondureños hecha por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas.
“El poder público está trastornado de una manera descarada”, dijo a la AP Óscar Cruz, ex fiscal encargado de la defensa de la Constitución. “Se está desmontando el estado. Honduras es sólo una figura jurídica”.
Los ingresos al fisco también se disminuyen, según el propio director de impuestos Mario López Steiner, porque “la cultura de evasión fiscal es increíble en Honduras. El promedio general es 43% y en el caso del impuesto sobre ventas, mucho peor aún, del 60%”.
La crisis fiscal se extendió a lo político. La sala constitucional de la Corte Suprema no sesiona desde hace mes y medio y sólo hasta el miércoles se nombraron a unos jueces de menor rango que van a fallar algunos casos que no se han resuelto.
Entre los casos en mora a resolver se encuentra una apelación para que los magistrados destituidos sean restituidos y un recurso relacionado a un caso de lavado de activos en el que resultó acusado el ex Ministro de Finanzas y su esposa luego de que la mujer fuera detenida por la policía cuando viajaba a San Pedro Sula con 50.000 dólares en efectivo que llevaba en una bolsa de plástico negra.
El gobierno y el bloque oficialista del Congreso tienen una idea sobre cómo resolver la crisis fiscal: un proyecto de ley que amplía la cantidad de personas que deben ahora pagar el IVA y la eliminación de exenciones fiscales para las empresas que importan insumos.
Las compañías provienen de 70 sectores de la economía, entre ellos se encuentran las franquicias de comida rápida, las líneas aéreas, empresas de generación de energía, agroindustria y empresas que venden repuestos para maquinaria y vehículos pesados.
Los partidarios de la iniciativa de ley dicen que va a generar ingresos adicionales por 1.200 millones de dólares, lo que aumentaría el recaudo impositivo nacional en 50% durante un año fiscal.
Por ahora, los legisladores suspendieron las exenciones fiscales mientras una comisión legislativa revisa el tema.
En conversación con la AP, el director de impuestos dijo que las exenciones “se aprueban en pago de favores políticos por el financiamiento de las campañas electorales, siempre vinculado a favores tributarios”.
Muchas familias han sobrevivido gracias a las remesas enviadas por el millón de hondureños que aproximadamente vive en Estados Unidos. El dinero que envían representa el 19% del Producto Interno Bruto del país, según el Banco Mundial.
Pero esa plata no es suficiente para que Honduras salga del déficit fiscal. Y maestros como Daniel Espunda lo saben muy bien: “ahora me deben cinco meses de salario, enero será el sexto porque por ahora no he cobrado, nadie le dice nada a uno cuando llega el día de pago, solamente no llega el salario al banco, uno se acerca a recursos humanos de la secretaria de educación, miran el sistema y le dicen que la planilla de pago está pasado a la secretaria de finanzas, llega uno allí y le dicen que no hay dinero.
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Alberto Arce está en Twitter como https://twitter.com/alberarce
La corresponsal Martha Mendoza del buró de California colaboró con este reportaje.
Associated Press
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